EXONERACIONES Y SUBSIDIOS PARA UNA MINERÍA INSUSTENTABLE

+ Orosur es exonerada del canon, único pago por el oro que se lleva del país

+ Aratirí procura vender al estado información secreta del proyecto frustrado

Las recientes decisiones del Poder Ejecutivo por las cuales se exoneró del pago del canon de producción a la empresa Orosur, que habrían influido en la renuncia en el día de hoy de la geóloga Leda Sánchez de la Dirección de Minería y Geología (Dinamige), son nuevos hechos inquietantes en la minería uruguaya.

Aunque con el oro en el presente a 1300 dólares por onza, el valor más alto desde agosto de 2014, Orosur tiene una rentabilidad asegurada, la exoneración del único impuesto a la extracción de metal significa que la minera se lo lleva gratis y gana encima, dejando los daños ambientales a cargo de nuestra sociedad.

La minera informa en su página Web que desde el 29 de febrero fue exonerada de pagar 2.500.000 dólares correspondientes al canon del último año. Orosur había pedido ese beneficio para mantener su actividad, pero ha despedido a la mayoría de los trabajadores y no los ha retomado. El mayor yacimiento en Minas de Corrales y otros yacimientos menores están prácticamente agotados.

Mientras el gobierno mantiene a pura pérdida una explotación sin futuro, ¿qué pasará cuando Orosur abandone finalmente nuestro país, quede una población local sin trabajo, instalaciones obsoletas, varios cráteres, pilas de desechos y dos lagunas con cianuro que demorarán varias décadas para ser neutralizadas por la naturaleza, con riesgo de derrames como han ocurrido en otros países?

Al mismo tiempo, llevamos año y medio en una acción judicial por la Ley de Acceso a la Información Pública (ley 18.381) y, a pesar de sucesivos fallos intimando al MIEM a entregar lo solicitado, no hemos accedido a la información disponible en la Dinamige sobre elementos clave del proyecto de extracción de hierro de Aratirí.

El MIEM y la minera defienden la confidencialidad sobre aspectos fundamentales de los yacimientos de hierro de Valentines alegando que no se pueden revelar porque forman parte del "más reservado secreto comercial". El ministerio agrega a lo anterior que se trata de "una cuestión estratégica" para el estado uruguayo.

Los recursos minerales tienen, en efecto, un valor estratégico para el país, como lo tienen la tierra y el agua, pero esto no significa que deban ser un secreto de estado, como puede serlo un secreto diplomático o militar. Por el contrario, deben ser de conocimiento público porque integran el patrimonio de la nación; la minería opera bajo un régimen de concesión y esto no afecta los intereses comerciales.

No pretendemos conocer las perforaciones realizadas en detalle sino una información sustancial del proyecto que las mineras de todo el mundo hacen pública. Para esto se suelen utilizar las normas del Código JORC (Joint Ore Reserves Committee ), que el propio MIEM ha llegado a mencionar en sus escritos.

(A título de ejemplo, un reporte de un proyecto minero de acuerdo con JORC se encuentra disponible en nuestra web: www.uruguaylibre.org

Aratirí multiplicó en comunicados de prensa varias veces las reservas de mineral que habría descubierto y los costos para obtener esa información, pasando de 60 a 250 millones de dólares, pero nunca presentó un informe público de acuerdo con el Código JORC. La información que pretende venderle al estado, para la que no hubo interés de ningún privado, no tiene respaldo técnico suficiente ni valor comercial significativo.

Según el profesor del curso de posgrado en derecho minero de la UdelaR, Dr. Alfredo Caputo, por el Artículo 37 de la ley 19.126, la opción de prioridad de compra de esos datos por parte del estado vence 180 días después de la finalización del plazo para la firma del contrato con Aratirí, es decir, el próximo 22 de mayo.

Para Uruguay Libre, estos hechos destacan la inconveniencia de autorizar procesos extractivos de metales a cielo abierto que en lo fundamental no son adecuados para nuestro territorio -mucho menos cuando pretenden ocultar informaciones relevantes a la población- y que evidentemente no tienen posibilidades de operar más allá de coyunturas especulativas en los precios de algunas materias primas, sin generar en el proceso ni desarrollo ni beneficios económicos para el país.

Reiteramos así la necesidad de una ley o una enmienda constitucional que prohíba la extracción de metales a cielo abierto en todo el territorio nacional.